La reforma de la ley educativa ocupará muchos de los espacios mediáticos en las próximas semanas. Han pasado siete años desde que el Partido Popular aprobó con su mayoría absoluta la ley educativa; una ley que llegaba sin consenso puesto que los ‘populares’ no lo buscaron. Las asignaturas troncales, las lenguas cooficiales y la formación profesional básica fueron algunos de los protagonistas del debate que terminó aprobando la ley.
Desde el momento mismo de su aprobación la ley despertó en el resto de fuerzas parlamentarias el compromiso de derogar su articulado en el momento en que las mayorías parlamentarias lo permitieran. El mismo acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Podemos recoge esta idea de la derogación que muchos compartimos. Con la moción de censura en el año 2018 el Gobierno planteó una primera derogación parcial de la ley, una medida de impacto inicial para mejorar ratios en las aulas y una segunda reforma de más calado para dejar la educación como mínimo en un escenario pre Lomce. La legislatura finalizó y la reforma quedó pendiente hasta hoy que nos encontramos a las puertas de dicha aprobación.
Los partidos catalanistas tienen diferentes aproximaciones a esta ley en función de sus prioridades: nosotros nos aproximamos a esta ley con la defensa de dos conceptos básicos, que son la inmersión lingüística y el servicio de educación de Catalunya.
La primera es una metodología que se implementó de forma progresiva en Catalunya a partir del curso 1983-1984 y que consiste en utilizar el catalán como lengua vehicular para garantizar el conocimiento de las dos lenguas cooficiales (catalán y castellano) por parte de todos los alumnos al finalizar la educación obligatoria. Los resultados son fáciles de reconocer y han tenido como consecuencia que la lengua, lejos de ser un elemento diferenciador en la sociedad catalana, se ha convertido en un elemento cohesionador. Así pues, el sistema de inmersión tiene una doble ventaja: permite cohesionar a la sociedad y garantiza la buena salud de la lengua catalana.
El segundo elemento, el servicio de educación de Catalunya, es un instrumento recogido en la Llei d’Educació de Catalunya en su articulo 42. El Servei d’Educació es un sistema formado por centros públicos y centros privados sostenidos con fondos públicos para poder garantizar una educación obligatoria de calidad y gratuita. Este modelo ha permitido defender y sostener un ecosistema de centros educativos diverso y rico que forman parte del ADN del sistema educativo catalán.
Estos dos elementos son dos de los principales pilares de nuestro modelo educativo que cualquier ley estatal que quiera contar con nuestro apoyo debe preservar. Lejos de defender este modelo el nuevo proyecto de ley educativa deja la puerta abierta a que el Ministerio pueda interferir en el idioma en el que se impartan las clases y parece que busque la mejor forma para complicar el funcionamiento de la escuela concertada, empobreciendo el sistema y complicando así la buena gestión de la pública.
A la hora de establecer nuestro posicionamiento lo hacemos centrándonos en el resultado final: un sistema educativo que garantiza el conocimiento de, como mínimo, dos lenguas y una educación obligatoria gratuita y de calidad. Aquellos que tengan un exceso de ideología en sus posicionamientos preferirían que la educación sea prioritariamente en centros públicos o que el castellano sea la lengua vehicular en las aulas y defender esto es legítimo, pero rompe el consenso generado alrededor de la ley catalana. Estamos a tiempo de volver al consenso de la LEC y sobre todo estamos a tiempo de no comprometer todavía más nuestro modelo educativo.