Este mes de abril se cumple un año de la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba algunos artículos de la Llei d’Educació de Catalunya. El año 2009 un grupo de cincuenta diputados del Partido Popular presentaron un recurso frente al Tribunal alegando que la ley catalana no tenía cabida en el marco español, especialmente, como era previsible, en aquellas cuestiones relacionadas con la lengua catalana.
Diez años tardó el Tribunal en pronunciarse sobre la cuestión con una resolución que atacaba aspectos clave de la ley. La dilatación del calendario tuvo como consecuencia un cambio de legislación educativa en España. Mientras que el recurso se presentó en el año 2009 con la LOE ( Ley Orgánica de Educación) aprobada por el Partido Socialista, el Tribunal lo ha resuelto con una nueva ley, la Lomce, presentada y aprobada del Partido Popular.
Si bien para sorpresa de muchos el Tribunal blindó las cuestiones lingüísticas de la ley catalana, es verdad que anuló distintos artículos de ámbitos distintos que afectan los cuerpos docentes, las enseñanzas artísticas, la educación primaria y otras cuestiones curriculares. Esta sentencia, como el propio recurso, fueron decepcionantes para muchos de los ciudadanos y políticos defensores de una ley catalana que se había sacado adelante con un gran consenso político y social. Todos los grupos del Parlament, menos el Partido Popular, y en algunos casos Iniciativa, votaron a favor de la ley lo que significó un apoyo de más del 80% de la Cámara. Este camino, el de asegurar un gran pacto educativo, ha servido durante estos años para dar estabilidad al sistema educativo catalán, lo que implicaba un gran avance y una gran diferencia frente a la inestabilidad generada por los constantes cambios legislativos de las leyes estatales.
Ahora, un año después de la sentencia y con un gobierno de coalición progresista debemos abrir de nuevo el debate educativo y el principal objetivo de aquellos que somos partidarios de la ley catalana ha de ser el de regenerar y recuperar aquellos artículos que el tribunal ha anulado a partir de las modificaciones legislativas necesarias en el marco del Congreso.
Diez años después de la presentación del recurso el titular del Ministerio de Educación vuelve a ser del Partido Socialista y esta vez en un gobierno de coalición donde ambos partidos apoyaron prácticamente en su totalidad la LEC. Es por eso que cuando recuperemos la actividad legislativa debemos retomar el debate e impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que la LEC pueda volver a desplegarse con total normalidad.
Ahora, un recurso y dos elecciones más tarde la ministra Celaá tiene un doble reto encima de la mesa: generar un nuevo consenso educativo en el Congreso y no destruir aquellos consensos que vienen de lejos y siguen vigentes.